El término whistleblowing ha ganado relevancia en los últimos años, tanto en el ámbito empresarial como en la esfera pública. En un mundo en el que la transparencia y la ética en las organizaciones son fundamentales, el whistleblowing surge como una herramienta crucial para proteger a quienes se atreven a exponer prácticas ilegales o inmorales dentro de una empresa. En este blog, exploraremos en detalle qué es la Ley Whistleblower, cuándo entra en vigor y qué empresas están obligadas a establecer canales de denuncia.

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¿Qué es la Ley Whistleblower?

La Ley Whistleblower, conocida en español como Ley de Denunciantes o Informantes, es una legislación diseñada para proteger a los individuos que informan sobre actividades ilegales, fraudulentas o inmorales dentro de una organización, ya sea pública o privada. En esencia, esta ley brinda protección legal a quienes desean exponer irregularidades sin temor a represalias.

Las denuncias que ampara la Ley del Whistleblowing incluyen una amplia gama de situaciones, como corrupción, fraude, violaciones a la seguridad, discriminación, acoso laboral, y otras conductas inapropiadas. Esta legislación busca garantizar que los denunciantes sean tratados con justicia y no sean objeto de represalias por parte de sus empleadores.

¿Cuándo entra en vigor la Ley de Whistleblower?

La fecha de entrada en vigor de la Ley Whistleblower puede variar según la jurisdicción y el país. En España, llamada “Ley de Protección de los Denunciantes de Irregularidades en las Empresas” y entró en vigor el 17 de marzo de 2021.

Esta fecha marcó un hito importante en la promoción de la transparencia y la ética en el entorno empresarial en España, brindando a los denunciantes la protección legal necesaria para informar sobre irregularidades sin temor a represalias.

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¿Qué empresas tienen que tener un canal de denuncias?

La Ley de Whistleblower en España establece que ciertas empresas y organizaciones están obligadas a implementar canales de denuncia internos. Específicamente, en las siguientes categorías de empresas:

  • Empresas con más de 50 empleados: Las organizaciones que emplean a más de 50 personas deben establecer un canal de denuncias interno que permita a los empleados informar de manera confidencial sobre posibles irregularidades.
  • Empresas cotizadas en bolsa: Las empresas que cotizan en bolsa también están sujetas a esta legislación y deben implementar canales de denuncia para informes internos.
  • Entidades del sector público: Las instituciones del sector público, como agencias gubernamentales y empresas públicas, también deben cumplir con esta normativa.

La implementación de estos canales de denuncia no solo cumple con la ley, sino que también contribuye a crear un entorno de trabajo más ético y transparente en el que los empleados se sienten seguros al informar sobre irregularidades. Además, ayuda a fortalecer la integridad y la responsabilidad corporativa en el ámbito empresarial y gubernamental.

La Ley de Whistleblower representa un avance significativo en la promoción de la integridad y la transparencia en el entorno empresarial y gubernamental. Al garantizar la protección de los denunciantes y obligar a ciertas empresas a establecer canales de denuncia, esta legislación contribuye a forjar un panorama más ético y responsable. El fomento de la denuncia interna es esencial para identificar y abordar prácticas incorrectas, impulsando así una cultura de honestidad y responsabilidad en el tejido empresarial español.